Legisladores republicanos de Ohio quieren retener dinero de áreas que no cooperan con ICE
“Trabajen con funcionarios federales de control de inmigración o perderán fondos estatales”, dicen un par de miembros republicanos del Congreso de Ohio a los funcionarios de los gobiernos locales.
Dos republicanos de Ohio quieren seguir los pasos del presidente Donald Trump y tratar de retener fondos destinados a gobiernos locales y a agencias encargadas de hacer cumplir la ley que se niegan a cooperar con los funcionarios federales de inmigración.
"Simplemente, este proyecto de ley establecerá medidas para reducir la inmigración ilegal en nuestro estado", dijo el representante Niraj Antani, republicano de Miamisburg, durante una reunión del comité el jueves.
El proyecto de ley, que Antani copatrocinó con la representante Candice Keller, republicana de Middletown, se llama “Ley de Ciudades Anti-Santuario de Ohio”. Requeriría que las ciudades, los condados, los alguaciles y los departamentos de policía sigan ciertas reglas con respecto a las personas que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente, o de lo contrario corren el riesgo de perder los fondos destinados a la seguridad regional y cualquier otro fondo para el gobierno local distribuido por el gobierno del estado.
Por ejemplo, los gobiernos locales que otorgan beneficios públicos tendrían que usar un programa federal llamado “Systematic Alien Verification for Entitlements” para verificar la elegibilidad de todos. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley tendrán que cumplir con las solicitudes federales de retención de una persona.
Y ningún gobierno local podría aprobar "una ordenanza, política, directiva, norma o resolución" que limite su cooperación con las autoridades federales.
Eso no es tan diferente de lo que el Departamento de Justicia de Trump, bajo el entonces Fiscal General Jeff Sessions, intentó hacer en julio de 2017. Intentó hacer que las subvenciones de las fuerzas del orden dependieran de que los funcionarios locales dieran acceso a los Funcionarios Federales de Inmigración y de Control de Aduanas a cualquier centro de detención que ellos operen y avisar a ICE con 48 horas de anticipación antes de liberar a un recluso de su lista.
Jueces federales y estatales dictaminaron que esos requisitos son inconstitucionales.
La Comisión de Servicio Legislativo de Ohio, institución de carácter independiente, que proporciona análisis de cada proyecto de ley, mostró preocupación sobre el Proyecto de Ley 169.
“Debido a que la ley federal permite que un municipio se niegue a participar en programas voluntarios de aplicación de la ley de inmigración federal, como las solicitudes de detención de ICE, y algunos municipios lo hacen, un tribunal podría determinar que el proyecto de ley viola el poder del gobierno local de un municipio de Ohio para tomar esa decisión", dijo la Comisión de Servicio Legislativo.
Cincinnati se autodenominó ciudad santuario en 2017, pero otras ciudades de Ohio, como Columbus, adoptaron un enfoque más medido al decir esencialmente que la aplicación de las leyes de inmigración no son de su responsabilidad.
El alcalde Andrew J. Ginther firmó una orden ejecutiva en 2017 que prohíbe el uso de los recursos de la ciudad con el "único propósito de detectar o detener a las personas en función de la sospecha de su estatus migratorio, a no ser que sea por una orden judicial". También dijo que Columbus no negará el acceso a los servicios en función del estatus migratorio de una persona.
“Estas políticas están maniatando a la policía local. En los alrededores de las ciudades santuario, ha habido alguaciles que han decidido no arrestar a extranjeros criminales por temor a demandas judiciales”, dijo Keller.
"La policía nunca debe temer de hacer el trabajo para el cual fueron contratados: hacer cumplir la ley", siguió diciendo la congresista Keller
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