El Tribunal Supremo dictamina que los puertorriqueños no tienen derecho constitucional a algunas prestaciones federales
Washington (CNN) - El Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico de algunos beneficios federales por discapacidad, beneficios disponibles para aquellos que viven en los 50 estados, dictaminó la Corte Suprema el jueves.
La opinión de 8-1 fue escrita por el juez Brett Kavanaugh, con la discrepancia de la jueza Sonia Sotomayor.
El caso se refería a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que está disponible para aquellos que viven en los 50 estados y que son mayores de 65 años, ciegos o incapacitados. Pero los residentes de Puerto Rico y otros territorios estadounidenses están excluidos de recibir los fondos.
"Al idear programas de impuestos y beneficios, es razonable que el Congreso tenga en cuenta el equilibrio general de los beneficios y las cargas de los residentes de Puerto Rico", escribió Kavanaugh. "Al hacerlo, el Congreso no necesita realizar una comparación dólar a dólar de cómo se aplican sus programas de impuestos y beneficios en los Estados en comparación con los Territorios, ya sea a nivel individual o colectivo".
Señaló que los residentes de Puerto Rico suelen estar exentos de la mayoría de los impuestos federales sobre la renta, las donaciones, el patrimonio y los impuestos especiales, pero que tienen derecho a la Seguridad Social y a Medicare. Kavanaugh dijo que "así como no todos los impuestos federales se extienden a los residentes de Puerto Rico, tampoco todos los programas de beneficios federales se extienden a los residentes de Puerto Rico."
Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico, escribió la única opinión discrepante. "La igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse a los caprichos del proceso político", dijo.
"Debido a que los residentes de Puerto Rico no tienen representación de voto en el Congreso, no pueden confiar en sus representantes electos para remediar las disparidades punitivas que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico bajo el trato desigual del Congreso", escribió Sotomayor.
Steve Vladeck, analista del Tribunal Supremo de la CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, calificó el caso de "gran importancia tanto por lo que sostiene como por lo que conlleva".
"El argumento central es que el Congreso puede retener ciertos beneficios federales a los estadounidenses que viven en territorios como Puerto Rico siempre que tenga una base racional para hacerlo, y que no se requiere una justificación especial", dijo Vladeck. "Eso hace que sea mucho más fácil para el Congreso, un órgano en el que los territorios no están representados, tratar a los residentes de esos territorios de forma diferente a los que viven en los estados - no sólo para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sino para todos los programas de beneficios federales, como la Seguridad Social, Medicare y otros derechos financiados al menos en parte por los impuestos pagados por los que viven en esos territorios."
El caso se refería a José Luis Vaello-Madero, que nació en Puerto Rico en 1954 pero vivió en Nueva York de 1985 a 2013 (28 años). En 2012, se determinó que era elegible después de un accidente cerebrovascular para recibir los pagos por discapacidad, que fueron depositados directamente en su cuenta corriente.
Tras mudarse de nuevo a Puerto Rico en 2013, Vaello-Madero siguió aceptando los pagos hasta que el gobierno se enteró de que ahora vivía fuera de los 50 estados. Se le comunicó que sus prestaciones se interrumpirían y que debía al gobierno 28.081 dólares en concepto de pagos recibidos. Sus abogados demandaron posteriormente, argumentando que la exclusión de los residentes puertorriqueños violaba la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda de la Constitución.
Hermann Ferré, abogado de Vaello-Madero, dijo que el programa pretendía sustituir "un conjunto desparejo de programas" para los incapacitados por un "estándar uniforme de apoyo nacional" para que los estadounidenses pobres e incapacitados pudieran vivir con dignidad.
"Pero esa garantía no la disfrutan todos los estadounidenses", dijo, argumentando que el tribunal debería mirar con recelo la eliminación porque excluye a los puertorriqueños por su raza.
El gobierno de Biden había defendido la exclusión, señalando que la mayoría de los puertorriqueños están exentos de impuestos federales, por lo que el Congreso podría tener en cuenta esa reducida contribución a la hora de excluirlos de algunas prestaciones por discapacidad. Un abogado del gobierno subrayó que correspondería al Congreso ampliar los beneficios, y el presidente Joe Biden ya ha pedido al Congreso que lo haga.
"Siempre es apropiado que el Congreso tenga en cuenta el equilibrio general de los beneficios y las cargas asociadas a un programa federal concreto", dijo el procurador general adjunto Curtis Gannon a los jueces en los argumentos orales.
Pero Sotomayor, que todavía tiene familiares en la isla, fue muy crítica con el argumento del gobierno y calificó la decisión de la mayoría de "irracional".
Ella dijo que el Congreso se equivocó al excluir a los residentes de Puerto Rico de lo que ella llamó un "importante programa de garantía para individuos de bajos recursos."
"No hay ninguna base racional para que el Congreso trate a los ciudadanos necesitados que viven en cualquier lugar de los Estados Unidos de forma tan diferente a los demás", dijo, y señaló que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estima que más de 300.000 residentes de Puerto Rico habrían podido acogerse a la prestación.
Sotomayor reconoció que, según los principios de protección de la igualdad, el gobierno puede trazar líneas cuando clasifica a las personas, pero no puede "basar esas clasificaciones en criterios inadmisibles o utilizarlas arbitrariamente para gravar a un grupo particular de individuos".
Dijo que aunque los residentes de Puerto Rico suelen estar exentos de pagar algunos impuestos federales, eso no crea una base racional para distinguir a los residentes de Puerto Rico de los demás en el caso que nos ocupa. Eso es en parte, insistió, porque los que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) pagan pocos impuestos, si es que pagan alguno. Dijo que los residentes de Puerto Rico son como otros ciudadanos que tienen derecho a la prestación: "son ciudadanos estadounidenses necesitados que viven en los Estados Unidos".
También advirtió sobre las "dramáticas repercusiones" de la decisión. Dijo que si el Congreso tiene la capacidad de excluir a los ciudadanos de los programas de garantía para individuos de bajos recursos porque residen en jurisdicciones que no pagan suficientes impuestos, podría fácilmente dirigirse a los residentes necesitados de otros estados como Vermont, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana y Alaska sobre la base de que "los residentes de esos estados pagan menos al Tesoro Federal que los residentes de otros estados".
Devan Cole, de CNN, contribuyó a este informe.
